Valdés Abascal y Brito Anderson, S.C. es una firma de abogados constituida en 1996, que presta a sus clientes un servicio jurídico integral, con alta especialización en amparo; litigio administrativo, civil, mercantil y fiscal; competencia económica; asuntos regulatorios; reformas legales; derecho ambiental y desarrollo urbano; inmobiliario; y derecho administrativo y corporativo en general, siendo reconocida como líder en varias de esas áreas.

Distingue al despacho su alto grado de compromiso con sus clientes, su asesoría en la toma de decisiones estratégicas y el que sus principales miembros, antes de su integración en la firma, tuvieron un intenso ejercicio de las materias en las que se especializa, tanto como funcionarios y consultores de áreas jurídicas clave del Poder Ejecutivo Federal (tales como en la Presidencia de la República, diversas Secretarías de Estado, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria) y del Poder Judicial Federal (uno de ellos fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), como en destacados despachos. Es también de mencionarse que Valdés Abascal y Brito Anderson, S.C. cuenta con un área económica propia, encabezada por uno de los economistas más prestigiados en México en materia de competencia económica. Asimismo, para la atención de los asuntos que lo ameritan, se tienen alianzas estratégicas con firmas de investigación, de cabildeo y de manejo de medios, así como con despachos especializados en derecho penal y otras áreas.

Lo anterior, nos ha permitido asesorar y representar de manera exitosa, en casos con alto grado de complejidad, a empresas mexicanas y extranjeras que operan en los sectores de telefonía, comunicación vía satélite, radio, televisión, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, energía, financiero, inmobiliario, de autoservicios y de diversos bienes de consumo. La mayoría de nuestros clientes se ubican entre los tres primeros lugares en sus respectivos ramos.

Prestamos también servicios de consultoría jurídica a instituciones públicas para el desarrollo de proyectos de mejora regulatoria, apertura a la inversión privada, reorganización industrial y otros de naturaleza similar.